Robert Frías reclama al Ministro de Educación su falta de palabra para resolver las intoxicaciones
San Francisco de Macorís – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Distrito Educativo 07-06 (zona Norte), a través de su presidente, Robert Frías, ha emitido un enérgico comunicado denunciando la manipulación mediática y la falta de acción efectiva por parte del Ministerio de Educación ante las constantes intoxicaciones de estudiantes en las escuelas de los distritos municipales de Cenoví y Antonio Guzmán Fernández, provincia Duarte.
Estas intoxicaciones han sido causadas por la aplicación irresponsable de pesticidas en predios agrícolas cercanos a los centros educativos.
Frías subrayó que, a pesar de la vigencia de las Resoluciones RES-MA-2019-28 y RES-MARD-2023-38, que prohíben el uso de ciertos plaguicidas y regulan las aplicaciones terrestres, la situación persiste, poniendo en riesgo la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo.
“Existe una falta de voluntad política en los Ministerios de Educación, Medio Ambiente, Agricultura y Salud Pública para actuar ante estas intoxicaciones”, afirmó.
A pesar de la existencia de la Resolución No. RES-MA-2019-28, que establece lo siguiente:
Artículo 1: Se prohíbe, a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, nuevos registros, así como la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas denominadas Carbofurán, Carbosulfán, Dimetoato y sus productos formulados.
Artículo 2: Se prohíbe, a partir de los 150 días de la entrada en vigencia de la presente resolución, la comercialización y uso de las sustancias activas Carbofurán, Carbosulfán, Dimetoato y sus productos formulados.
Artículo 3: Se declara el uso restringido de los plaguicidas Carbaril y Fipronil, y se prohíbe su uso a partir de la presente resolución en solanáceas, cucurbitáceas y leguminosas de consumo fresco, lo cual incluye cualquier tipo de vainitas.
Además, la Resolución No. RES-MARD-2023-38 dispone:
Artículo 2: En cuanto al ámbito de aplicación, se establece que esta resolución debe aplicarse en todo el territorio nacional, y es de obligatoriedad para todas las personas y empresas que se dedican a las aplicaciones terrestres de plaguicidas regulados por la Ley No. 311, del 24 de mayo de 1968, y su Reglamento 322, del 12 de julio de 1988.
Artículo 3: Es responsabilidad de las personas o empresas que presten servicios de control y erradicación de plagas mediante aplicaciones terrestres de plaguicidas:
- a. Informar a las autoridades locales con 24 horas de antelación sobre cada aplicación a realizar y entregar a los directores de los centros de salud y educativos de la zona las etiquetas y especificaciones de los productos a utilizar, para que puedan brindar las atenciones médicas o de primeros auxilios adecuadas en caso de intoxicaciones.
- b. Realizar aplicaciones con plaguicidas de baja toxicidad, limitando la mezcla de estos a no más de dos moléculas o ingredientes activos.
- c. Realizar las aplicaciones los viernes en horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., y los sábados en horario de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. Los días feriados solo se podrá aplicar plaguicidas cuando el día anterior no sea laborable, en horario de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
A pesar de lo que estipulan estas resoluciones y la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solo podemos concluir que existe una falta de voluntad política en los Ministerios de Educación, Medio Ambiente, Agricultura y Salud Pública para actuar en relación con las constantes intoxicaciones a las que están expuestos estudiantes, docentes y personal de apoyo de los centros educativos. Además, este es un tema de interés público, ya que afecta a una colectividad determinada y pone en riesgo la salud y la vida de un número importante de ciudadanos.
El Ministro de Educación, Ángel Hernández, ha sido «mucha espuma y poco chocolate».
Recordemos que, en su despacho el miércoles 20 de marzo, nos expresó lo siguiente:
«Robert, con el primer caso de intoxicación que ocurra en San Francisco de Macorís, yo estaré ahí ese mismo día actuando judicialmente contra los responsables».
Sin embargo, hasta la fecha, el Ministro de Educación no ha hecho acto de presencia en el heroico municipio de San Francisco de Macorís para resolver este problema de manera definitiva, por lo que afirmamos que el referido ministro ha faltado a su palabra.
El 19 de enero de 2024, en el portal del MINERD se publicó el siguiente título: «Minerd tomará acciones legales contra empresas fumigadoras que afectan a la comunidad educativa en SFM».
El 22 de febrero de 2024, en varios medios de circulación nacional, se expresó el titular: «Minerd demanda a dos compañías por ‘intoxicar’ a estudiantes y personal de escuelas con fumigaciones».
Hoy, 18 de octubre, el MINERD dice: «Someterá a la justicia a quienes fumiguen en los alrededores de los centros educativos».
Al parecer, el equipo de producción cinematográfica del Ministerio de Educación no tiene suficientes palabras para modificar el guion que han estado repitiendo de manera programada todo el año 2024. El Ministro de Educación, Ángel Hernández, y todo su gabinete deben pasar del discurso y las notas de prensa a la acción. Una característica de las actuales autoridades es que solo amagan y no actúan. Esto lo expresamos porque todos los días se aplican pesticidas en los entornos escolares, todos los días los drones sobrevuelan predios agrícolas aplicando agroquímicos, y todos los días las avionetas realizan sus actividades económicas en el aire.
